Se niegan a imputar el alto mando de la Policía por el 1-O

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El Tribunal Superior de Barcelona se negó a seguir investigando a los altos mandos policiales por los cargos en Cataluña el 1 de octubre de 2017, durante el referéndum de autodeterminación que tuvo lugar ese día y que dejó 991 personas heridas a manos de la policía, una cuarta parte con heridas en la cabeza. y una persona que perdió un ojo después de recibir un disparo de pelota espuma, según datos del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya corroborados por investigaciones posteriores.

El tribunal reconoce en la orden, publicada por los medios estatales, que “Ha habido casos de limitación excesiva de la fuerza por parte de los agentes de policía, uso de violencia innecesaria y desproporcionada”, pero resuelven que hay que valorarlo “en cada colegio electoral y en cada caso” y atribuyen la responsabilidad a la dirección operativa de cada grupo policial.

En la resolución, expresan explícitamente su posición favorable para no convertir el caso en una “especie de causa general contra todos los agentes” que intervinieron el 1 de octubre.

En consecuencia, desestima el recurso de apelación de 10 cargos y personas que habían apelado la primera decisión del Juzgado de Instrucción número 7, que se negó a investigarlos en abril de 2020.

Pese a los resultados de la actuación policial, la Audiencia Provincial exonera al Jefe de Policía de Cataluña, al jefe de la brigada de inteligencia provincial, al comisario de la unidad central de información, a los cabecillas de grupo y al jefe de la policía antidisturbios por que no hubo “operativo policial específicamente diseñado para impedir el ejercicio de derechos, más allá del acto de votar”.

También señala que no ordenaron actuar “con fuerza ni usar más violencia de la necesaria”.

Para sostener este argumento, argumentan que no se solicitó el juicio político al Secretario de Estado de Seguridad, quien redactó un operativo que involucró a 6.500 policías, y que la orden judicial para detener el referéndum implicó un “uso mínimo de la fuerza” y solo convocó por el retiro de las urnas “si se generó algún riesgo”.

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