Los tribunales territoriales toman diferentes decisiones sobre las restricciones y anticipan el caos

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El fin del estado de alarma a partir de las 23:59 de esta noche abre una situación en teoría prevista por la aprobación de un decreto ley esta semana que lo regula, pero en la práctica está provocando confusión en gran parte de los territorios del estado, donde la misma los tribunales están impulsando medidas contradictorias entre sí.

No caso de las Islas Baleares huevo do País Valenciano, sus tribunales superiores autorizaron medidas como el toque de cobranza y las limitaciones en las reuniones sociales; mientras que en el País Vasco, con datos epidemiológicos significativamente peores, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco resuelto que no se pueden mantener ni el toque de cobrar ni las limitaciones en las reuniones, argumentando que esto afectaría derechos fundamentales consagrados en la Constitución, por lo que sin estado de alarma sería ilegal permitir el desarrollo de estas medidas.

Esto llevó al Lehendakari, Iñigo Urkullu, a rechazar el decreto de más medidas para controlar la situación derivada de la pandemia Covid-19 si no tienen garantías legales para mantener su vigencia, al tiempo que explica que él no sería responsable de tomar la ” riesgo ”Aplicar estas restricciones si existiera la posibilidad de que fueran rechazadas por los tribunales.

La mayoría de los territorios han renunciado por recomendación de sus servicios legales para solicitar que se mantenga el toque de cobro, no así Navarra y Canarias, que lo retendrán a costa de que su tribunal superior decida si lo suspenden.

Unificar medidas

A la espera de que estas medidas lleguen a la Corte Suprema, que se ha encargado de “unificar” las distintas restricciones que se puedan proponer, por ahora solo las medidas para reducir la capacidad y el control de tiempos cuentan con la aprobación general de los tribunales superiores.

El decreto aprobado por el Gobierno reduce los plazos de apelación para que la Corte Suprema pueda responder dos semanas después de la solicitud, que imposibilita la unificación de las medidas en los próximos días.

El Tribunal Supremo cuestiona el decreto ley del Gobierno del Estado

El Tribunal Supremo, primero a través del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, César Tolosa, y luego a través de un informe interno elaborado por el Gabinete Técnico, se revela contra el decreto ley impulsado por el Gobierno del Estado, cuestionando “la constitucionalidad del posicionamiento institucional en que si vienen a colocar los tribunales de justicia, como una especie de copartícipe ejecutivo en el proceso de adopción de medidas administrativas”.

Además, advierten que no es seguro que acaben por establecer una posición común entre las medidas de los territorios contra el Covid-19, por los requisitos que implica el recurso, además de cuestionar que el decreto ley sea la vía legislativa adecuada. , a estas son restricciones a los derechos fundamentales.

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