La UE denunciará a AstraZeneca mientras las farmacéuticas marcan territorio

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La Unión Europea está preparando una demanda contra la anglo-sueca AstraZeneca por no entregar 200 millones de dosis comprometidas en la primera mitad del año, según la Comisión Europea.

Esta decisión fue comunicado el pasado miércoles por la Comisión a las embajadas en la Unión Europea, dicho Politico, recibiendo una respuesta positiva de la mayoría de los estados luego de repetidos fracasos de la compañía farmacéutica en las entregas de su vacuna.

Ahora todos los Estados miembros tendrán que decidir la posición final a trasladar a la Comisión para continuar el proceso judicial, tras la solicitud de Alemania y Francia de darse más tiempo para analizar la situación y las consecuencias de este paso, informaron los medios europeos.

Ya en enero AstraZeneca había reconocido que no tenía la capacidad para hacer frente a las dosis comprometidas. En un primer momento y en los tres primeros meses de este año se entregaron 30 millones de dosis de los 100 millones firmados en el contrato. De abril a junio tendría que enviar 200 millones más, pero la proyección de la empresa es enviar 70 millones.

Geopolítica

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha aprobado hasta ahora cuatro compuestos para vacunar a la población europea, los cuatro se consideran seguros y tienen efectos secundarios graves en un pequeño porcentaje de la población, con beneficios comprobados con respecto a los riesgos de contraer Covid-19.

A pesar de ello, diferentes estados han detenido en varias ocasiones la vacunación con AstraZeneca contra los criterios de la EMA y la Organización Mundial de la Salud, algunos, como es el caso de Dinamarca, de forma permanente.

En Reino Unido, que inoculó a su población con AstraZeneca como principal vacuna en un proceso que comenzó mientras se hacía efectiva la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, la mitad de su población está vacunada, según el New York Times. La UE está a punto de superar el 20% y en España el 17%.

Negocio

El negocio de las vacunas Covid-19 para empresas farmacéuticas privadas está decidido a ser el primero en poder presentar y vender sus productos. La Organización Mundial de la Salud tiene hasta 15 vacunas en proceso de aprobación y, a medida que varias de ellas están disponibles, la posición dominante de las pocas empresas que las venden disminuye.

En este sentido, en una conferencia de prensa la semana pasada, el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, reconoció que probablemente se necesitará una tercera dosis de su vacuna 12 meses después de la segunda para que se complete la inmunización. Aún así esto no sería suficiente, Bourla terminó aceptando que al igual que la gripe, la población tendría que vacunarse todos los años para estar protegida del Covid-19.

Pfizer presentó el pasado mes de febrero sus cuentas de 2020, en las que presume de una ganancia de $ 9,616 mil millones. Para 2021 esperan tener unos beneficios de 18.846 millones de dólares -15.690 millones de euros-. Para AstraZeneca, el pronóstico de ganancias de este año es de $ 6,91 mil millones, para 2020 había sido de $ 5,291.

Contratos abusivos

La demanda elaborada por la Unión Europea es un buen ejemplo de las dificultades creadas en la práctica por los contratos firmados con las empresas farmacéuticas, que les permite quedar exentas de casi cualquier responsabilidad.

En el caso del contrato de la UE con Pfizer-Biontech de 20 de noviembre de 2020, que supuso el anticipo de 700 millones de euros y que vio la luz el pasado fin de semana gracias a RAI, incluye un punto en el que explica que si la producción de las empresas alemanas es al no poder proporcionar las dosis adquiridas, Pfizer-Biontech solo se compromete a revisar su programa de administración con “principios justos y equitativos”.

Para la vacuna americana moderna, cuyo contrato también se ha hecho público, las condiciones son más restrictivas, si en 90 días no entregan el pedido, se puede anular.

Ambos contratos dejan claro que la responsabilidad de los efectos secundarios de las vacunas recae en los Estados y la Comisión Europea., y las empresas solo se responsabilizarían por faltas intencionales o problemas en el proceso de fabricación, con lo cual su responsabilidad desaparece una vez entregadas las dosis a los compradores.

Negociación de vacunas

Pfizer es la segunda compañía farmacéutica más grande del mundo, con un valor de marca de 20.700 millones de dólares, según la revista. Forbes, justo detrás de Johnson & Johnson. Esta posición la ha llevado a involucrarse en prácticas intimidatorias contra varios estados para permitirles el acceso a vacunas contra Covid-19.

Una investigación de la Oficina de Periodismo de Investigación junto al ambiente peruano Ojo Público Descubrió cómo Pfizer, además de liberarse de la responsabilidad legal ante los problemas derivados de su vacuna, exigió a varios estados latinoamericanos que comprometieran sus bienes soberanos, incluidos edificios de embajadas o bases militares.

En Argentina, donde decidieron no cumplir con las exigencias de la empresa alemana y ahora vacunar principalmente con Sputnik V, el doctor Jorge Rachid, asesor del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, denunció que Pfizer pretendía quedarse con los glaciares de la provincia de Tierra del Fuego si Argentina no pagaba las vacunas.

En 61 estados del mundo, la mayoría en África, no han inoculado ni al 3% de la población, lo que demuestra la dificultad de muchos estados para acceder a las vacunas y al anunciado sistema Covax de la OMS, que depende de la buena voluntad de las empresas farmacéuticas.

Según la Fundación Kenup, la inversión pública en el último año ha sido de 93.000 millones de euros para financiar la investigación de vacunas, compras anticipadas, exenciones fiscales, medicamentos, etc.

A pesar de esto, tanto los productos farmacéuticos como los países más ricos se han negado repetidamente a liberalizar las patentes y permitir el acceso universal a las vacunas.

En diciembre, tras la propuesta de India y Sudáfrica, 99 países votaron a favor de la medida en la OMS, pero la negativa de la Unión Europea y EE.UU. retrasó la iniciativa, que también fue rechazada hace unos días en el Congreso.

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