La Cúpula Interior del Gobierno de Raxoi procesada por espionaje a Bárcenas

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El Partido Popular se prepara para un nuevo proceso judicial. La decisión del magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de remitir el juzgado a la cúpula del Ministerio del Interior por una operación ilegal de espionaje a Luis Bárcenas supone un salto cualitativo en relación a los casos anteriores. En esta ocasión, no solo se investigan delitos de carácter económico o relacionados con las tramas irregulares de financiación del partido sino que se procesa al PP por utilizar el aparato estatal para defender los intereses de la formación y más concretamente, al propio presidente del Gobierno, Mariano. Rajoy, que según Bárcenas ha recibido dinero negro del cuadro b de la formación.

El coche de García Castellón, editado en exclusiva por El País, señala que el operativo contra Bárcenas tenía como objetivo sustraer al ex tesorero de los papeles comprometedores populares para altos funcionarios del partido con el objetivo de evitar que llegaran al magistrado Pablo Ruz, quien entonces investigaba el caso Gürtel y el recuadro b de la formación.

Aunque la orden de García Castellón, magistrado de notoria afiliación conservadora y muy cercano al Partido Popular, libera a María Dolores de Cospedal y a su esposo, Ignacio López do Hierro, acusados ​​hasta el momento por el Ministerio Público, de lo mismo, No pasa lo mismo con otro miembro del Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, persona del círculo más íntimo del presidente.

La sentencia emitida por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional propone enjuiciar al ministro de Gobernación, Jorge Fernández Díaz, a su número dos, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, y a los máximos responsables de la Policía en ese momento. .

Así, entre estos se encuentran el subdirector de Operaciones, Eugenio Pino o el comisario José Manuel Villarejo, acusados ​​en más de 30 investigaciones por liderar una mafia policial que ha trabajado para algunas de las empresas más importantes del estado y para diversos ejecutivos del PP. y PSOE. Otro de los que destacan por su participación en la denominada Operación Cocina es el inspector Andrés Gómez Gordo, alto funcionario de varios gobiernos del PP y asesor de Dolores de Cospedal.

Las reacciones políticas a este procedimiento no se han hecho esperar. En este sentido, el PP ha procedido a suspender de la militancia a Jorge Fernández Díaz, presidente durante años de formación en Cataluña y uno de los referentes de la organización desde la época de Manuel Fraga.

Por su parte, desde Podemos califican de «corrupción judicial» la decisión de García Castellón de no procesar a Dolores Cospedal y López de Hierro.

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