La Corte Suprema confirma la condena del Estado, que deberá indemnizar con 182.000 …

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La Sala Quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional declarando la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños a la viuda y dos hijos del camarógrafo de Telecinco José Couso, asesinado hace 16 años en Bagdad, por falta de protección diplomática.

En la sentencia, el altel tribunal desestimó el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía del Estado contra la sentencia recurrida, y que reconocía el derecho a una indemnización de 182.290 euros a la familia de Couso. Del total, 99.430 euros serán para la viuda y 41.430 para cada uno de los dos hijos.

Así, el informe del magistrado Wenceslao Godoy afirma que «los ciudadanos españoles tienen derecho a la protección diplomática por parte de la administración nacional, para indemnizar los daños ocasionados por un acto ilícito, de conformidad con el derecho internacional, provocado directamente por otro estado», en este caso. Estados Unidos.

La sentencia señala, en esta línea, que el Estado «se vio obligado a realizar las gestiones para una investigación internacional objetiva de los hechos y, en su caso, utilizar los medios que estime oportunos que puedan dar lugar a la reparación del daño causado».

Eso sí, «siempre que la propia parte lesionada no pueda obtener reparación por los mecanismos del derecho interno del Estado productor del daño, siempre que estén establecidos y sea razonable obtener una resolución expresa en un plazo razonable». En este caso concreto, la Sala concluye que el Estado español ha omitido la protección que se le requería y que estaba obligado a otorgarla a la familia de Couso.

La sentencia señala, en esta línea, que el Estado «se vio obligado a realizar las gestiones para una investigación internacional objetiva de los hechos y, en su caso, utilizar los medios que estime oportunos que puedan dar lugar a la reparación del daño causado».

Por tanto, la Sala critica que el Estado optó por «silenciar la respuesta» o que se limitó a «aceptar los argumentos esgrimidos contra la ilegalidad del hecho por parte del Estado que la provocó». «Si bien es cierto que el Estado español no puede imponer tal declaración a nivel internacional, tampoco está obligado a aceptar estas explicaciones», dijo.

Para la Corte Suprema, «lo que no está permitido es omitir cualquier acción que no sea dar por supuestas las explicaciones concisas dadas por las autoridades estatales que causaron el daño, sino la búsqueda de una valoración objetiva de los hechos, con las consecuencias que sea ​​apropiado. «.

Sin embargo, para la Sala lo «decisivo» en «rechazar el argumento del auto de interposición» es que la Audiencia Nacional «no reconoce el derecho a indemnización por la muerte del padre y esposo de los recurrentes, y mucho menos porque la Estado español para correr el riesgo de un profesional que muere en el ejercicio de su actividad ”.

«Pero el título de imputación, necesario para valorar la responsabilidad patrimonial, es el hecho de que el Estado español ha omitido la protección que se requería y que se vio obligada, como hemos visto», prosigue, señalando que «de la Audiencia Nacional .

La Fiscalía del Estado apeló la decisión de la Audiencia Nacional. La entonces portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aludió a «cuestiones técnicas» para justificar la actuación de los servicios legales del estado, destacando que el Ejecutivo «siempre ha mostrado su solidaridad y apoyo a la familia de José Couso».

Para la familia de la sala, la sentencia de la Audiencia Nacional fue un éxito judicial luego de 17 años de litigio para intentar llevar ante la justicia a los responsables del ataque al Hotel Palestina en Bagdad.

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