Los municipios no renuncian a sus ahorros y provocan la primera derrota del gobierno

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El Congreso revocó este jueves 10 de septiembre el decreto ley que recoge el acuerdo del Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de la restos desde el ahorros de cada condado.

El acuerdo alcanzado con la FEMP propuso que una parte del fondo de 5 billones que el Ejecutivo se comprometió a distribuir entre los municipios que entregaron los excedentes estaría condicionado al número de población y no al monto del excedente.

Con el rechazo en la Cámara Baja se deroga el decreto y el Ejecutivo digiere su primera derrota parlamentaria del legislativo.

De hecho, el Partido Socialista y Unidos Podemos quedaron prácticamente solos en la votación, sumando solo el diputado de Teruel Existe. El resultado fue convincente: 156 votos a favor y 193 en contra.

El Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, había llegado pocas horas antes de la votación a un acuerdo con sus socios de United We Can que permitía el apoyo de la formación púrpura. Ese acuerdo consistía en la creación de un fondo de 3.000 millones de euros para la recuperación económica y social, fondos incondicionales que se repartirían entre todos municipios dependiendo de la población.

El diputado de Teruel Existe votó a favor de convencido de que hubo un acuerdo que finalmente no se fraguó. Optó por el sí al ser informado de que había un pacto para liberar el 60% del fondo prometido y repartir ese dinero entre los municipios de forma incondicional, tuviera o no superávit, y evitando el polémico traspaso.

El BNG pide permitir que los municipios utilicen los ahorros

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, instó al Gobierno a derogar la Ley Montoro para permitir a los municipios utilizar sus ahorros, “precisamente en el momento en que más se necesitan para abordar las medidas de protección social ante la crisis socioeconómica generada por la emergencia sanitaria”.

El nacionalista consideró en pleno el bloqueo de los restos como “una medida injusta” que afecta “especialmente a” Galicia “, ya perjudicada por el criterio del sistema de financiación de las entidades locales, que hace que los municipios gallegos tengan 50 euros menos per cápita que promedio estatal “.

Rego consideró que la propuesta de “negociación” realizada por el ministro de Hacienda (repartir el 60% del fondo en función de la población) sería aún más perjudicial para Galicia, ignorando criterios como la dispersión o el envejecimiento de la población.

El pleno también dejó diferentes posiciones en el Gobierno. El vicepresidente Nadia Calviño no descartó la posibilidad de congelar los salarios de los trabajadores públicos y la vicepresidente Carmen Calvo dijo que esa pregunta no estaba sobre la mesa.

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