Juan Carlos I, comisionista internacional

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Se ha endurecido el asedio judicial al rey emérito de España, Juan Carlos I, que se encuentra prófugo desde el 3 de agosto de 2020 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

La Fiscalía del Tribunal Supremo confirma que su fortuna proviene de su labor como comisionado internacional y confirmó el viernes que el 24 de febrero de este año envió una carta rogativa a varios estados, entre ellos Suiza, para solicitar información sobre las cuentas bancarias que pudieran haber sido relacionado con el emérito.

En esta solicitud de asistencia jurídica, desvelada por el diario El MundoLos fiscales del caso señalan que según las investigaciones, Juan Carlos I cobró «comisiones y otros beneficios de similar naturaleza en virtud de su intermediación en negocios internacionales» para enriquecerse.

Con base en los indicios de que “los fondos que son objeto de investigación tienen, entre otros, el referido origen ilícito”, el Ministerio Público identifica cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra el erario público, cohecho y tráfico de influencias.

En la denuncia a Suiza, la Fiscalía solicita información sobre las cuentas de la Fundación Zagatka en Credit Suisse entre 2016 y 2019. Esta entidad fue fundada en 2003 en Liechtenstein por un primo del emérito, Álvaro de Orleans-Borbón, y además a tener como beneficiario a Juan Carlos I, fue responsable de pagar sus gastos hasta 2018, cuatro años después de abdicar y perder la inviolabilidad legal.

Las sospechas sobre Zagatka se suman a las que llevaron a la investigación de la Fundación Lucum, con sede en Panamá, bajo la lupa del fiscal suizo Yves Bertossa tras recibir 65 millones de euros del Ministerio de Hacienda de Arabia Saudí. El Tribunal Suizo apunta a la contratación del AVE en La Meca como el negocio en el que Juan Carlos I actuó como intermediario.

La Fiscalía, que espera la respuesta internacional para continuar con la investigación, dijo que el avance del proceso está «muchas veces condicionado por la propia dinámica de la cooperación internacional».

Regularización ilegal

La comisión rogatoria enviada por la Fiscalía Suprema demanda a Hacienda la segunda regularización fiscal de beneficios no declarados realizada por Juan Carlos el 26 de febrero, 4,4 millones de euros, tras pagar el 9 de diciembre 678.000 euros para regularizar los gastos de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

La legislación española establece que este proceso «debe ser completo, veraz y espontáneo», siendo ilegal cuando quien regulariza «tiene conocimiento formal de la apertura de proceso por parte de la Fiscalía».

Por ello, poco después de que se hiciera pública la solicitud internacional de asistencia jurídica, Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos Financieros, exigió a la Fiscalía aclarar si el emérito fue notificado el 24 de febrero de la apertura del proceso, dos días antes que su abogado. Javier Sánchez Junco, hizo pública una nota explicando la regularización.

Cruzado recordó que hace unos meses el teniente de la Corte Suprema argumentó que el abogado había sido informado de todas las resoluciones adoptadas, por lo que el exjefe de Estado tendría que asumir las responsabilidades administrativas y penales de regularización ilegal.

En poco menos de dos años de legislatura, la Mesa del Congreso anuló 15 intentos de abrir una comisión de investigación sobre las actividades del rey emérito con los votos del PSOE, PP y Vox.

Reclamaciones del Tesoro de la Casa Real pagos a los eméritos hasta 2018

La Casa Real ha recibido dos solicitudes enviadas por la Agencia Tributaria para entregar todos los pagos realizados a Juan Carlos I desde que abdicó en junio de 2014 en su hijo, Felipe VI, hasta 2018, confirmaron a 2018 fuentes de la investigación. El País.

La institución pagó casi 200.000 euros anuales al rey emérito hasta marzo de 2020, cuando el actual rey apareció como beneficiario de las fundaciones Lucum y Zagatka. lo llevó a retirar la asignación para desvincularse del caso.

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