Israel, el estado con un “sistema de apartheid” entre el río Jordán y el mar Mediterráneo

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“Uno de los puntos clave de nuestro análisis es que se trata de un área geopolítica única gestionada por un solo gobierno”, señala Hagai El-Ad, director de B’Tselem. “Esta no es una democracia con una ocupación de alto nivel. Esto es un apartheid entre el río [Xordán] y el mar [Mediterráneo]”.

El reconocimiento no es noticia por su novedad: desde hace décadas muchas organizaciones denuncian la situación en los territorios ocupados de Palestina. La noticia es que es B’Tselem, la prestigiosa ONG israelí por la paz y los derechos humanos, con sede en Jerusalén y Washington, quien ahora lo está afirmando explícitamente.

En un informe publicado ayer, la ONG rompe con la diferencia comúnmente aceptada que se hace entre el sistema político actual en Israel y el de los territorios palestinos. Es decir, un estado democrático por un lado y una ocupación militar temporal por el otro.

“La distinción se ve ensombrecida por el hecho de que toda el área entre el mar Mediterráneo y el río Jordán está organizada de acuerdo con un solo principio: avanzar y cimentar la supremacía de un grupo, los judíos, sobre otro, los palestinos”, dijo la ONG.

“Democracia próspera”

Israel se ha presentado durante mucho tiempo como una democracia próspera y próspera, donde la ciudadanía palestina, alrededor del 20 por ciento de su población de 9.2 millones, disfruta de los mismos derechos. En la guerra de 1967, Israel se apoderó de Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza, territorios donde vivían casi cinco millones de palestinos que esperaban el establecimiento de un estado propio.

En 2005, el gobierno israelí retiró sus tropas y colonos de Gaza, pero impuso un bloqueo dos años más tarde después de que Hamas tomó el poder en la franja. En el caso de Cisjordania, la considera un territorio “en disputa” cuyo futuro debe determinarse mediante negociaciones. Y la anexión de Jerusalén, que Israel asume en su conjunto como la capital del estado, no es reconocida por la comunidad internacional, al igual que los asentamientos de colonos en Cisjordania.

Uno de los ejemplos más obvios de este tipo de apartheid denunciado durante décadas es que la mayoría de los palestinos en Jerusalén Este tienen la condición de “residentes” en el Estado de Israel, pero no son considerados ciudadanos con derecho a voto.

El apartheid fue un conjunto de leyes en vigor desde 1948 hasta principios de la década de 1990 que estableció un sistema desigual de discriminación contra la población no blanca de Sudáfrica.

Esa comparación recurrente entre ese régimen sudafricano y la situación en los territorios ocupados es tabú en la sociedad israelí, incluso dentro de algunas formaciones de izquierda, más propensas a una solución dialogada e igualitaria al conflicto. Por eso es especialmente importante que B’Tselem, oficialmente, lo reconozca así ahora.

También, o sobre todo, tiene implicaciones más profundas, más allá de la denigración de la acusación, para el derecho internacional: el apartheid es un crimen de lesa humanidad consagrado en el Estatuto de Roma (1998), que estableció la Corte Penal Internacional.

“No estamos diciendo que el grado de discriminación que debe soportar un palestino sea el mismo, ya sea ciudadano del Estado de Israel o si está bloqueado en Gaza”, aclara el director de B’Tselem. “El punto es que no hay un solo centímetro cuadrado entre el río y el mar donde un palestino y un judío sean iguales”. Al respecto, El-Ad dice que “queremos cambiar el discurso sobre lo que está pasando aquí. Una de las razones por las que nada se mueve es que la situación no se está analizando adecuadamente”.

La pandemia de Covid-19 es otro claro ejemplo de lo que se vive en Palestina. En los últimos días, según informó ayer Nós Diario, Amnistía Internacional ha acusado a Israel, líder mundial en vacunación contra el coronavirus, de excluir de la campaña a ciudadanos palestinos de Gaza y Cisjordania.

“El programa de vacunación Covid-19 de Israel destaca la discriminación institucionalizada que define la política del gobierno israelí hacia los palestinos”, dijo la ONG, que pidió responsabilidades como “potencia ocupante”. Sin embargo, Tel Aviv se lava las manos y argumenta que los poderes sanitarios se transfieren a la Autoridad Palestina en virtud de los Acuerdos de Oslo.

La justicia israelí ha prohibido la proyección de un documental sobre una operación militar

Un tribunal israelí prohibió ayer la proyección del documental Jenin, Jenin (2003), que narra una operación militar israelí en la ciudad del mismo nombre en la ocupada Cisjordania. La decisión se produce después de la denuncia por difamación presentada contra el director de la película, Mohammed Bakri (centro de la imagen), por un soldado israelí, Nissim Magnaji, participante en la operación militar “Escudo defensivo” de abril de 2002.

La cinta recoge los enfrentamientos mortales entre los residentes de Jenin y el ejército. También acusa a Magnaji de robarle dinero a un ex palestino, por lo que presentó la demanda. La sentencia dice que el militar “fue enviado a defender su país y terminó siendo acusado de un delito que no cometió”, y además considera que otros de los hechos contenidos en el documental son falsos.

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