Impunidad y riesgo de nuevas violaciones de derechos humanos en el conflicto tamil

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Las guerrillas tamiles de los LTTE (Tigres por la Liberación de la Patria Tamil) y el Gobierno de Sri Lanka llegaron a un acuerdo de paz en 2009 tras 26 años de un sangriento conflicto que, según una comisión de la ONU, ha matado a unas 100.000 personas. De estos, 40.000 eran civiles tamiles asesinados por el ejército en el ataque final de la guerra, una acusación que el Gobierno niega.

Los tamiles son predominantemente hindúes y provienen de la India. Desde sus inicios, el LTTE ha luchado por lograr un estado independiente, Tamil Eelan, en las regiones del este y norte de esta isla india, donde su etnia es mayoritaria. Los cingaleses, que son budistas, dominan el resto de la isla.

En enero de 2008, el Gobierno de Sri Lanka rompió unilateralmente el acuerdo de alto el fuego firmado en 2002 y devolvió al país a un estado de guerra. Sin embargo, los enfrentamientos entre el Ejército, que bombardeó las aldeas tamiles, y el LTTE, que llevó a cabo bombardeos en las ciudades del sur, ya eran constantes.

La ofensiva final del Ejército de Sri Lanka en 2009 tuvo a las mayores respaldadas por la presión diplomática de Estados Unidos, la UE, Japón y Noruega, quienes instaron al LTTE a poner fin a las hostilidades y negociar para evitar más muertes en la zona independentista.

Militarización y vigilancia

Doce años después del final de la guerra, el trabajo para garantizar la justicia para las víctimas ha sido “en vano”, según el informe que acaba de presentar la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet. Lo hizo durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos que comenzó esta semana y se extenderá hasta el próximo 23 de marzo.

“A pesar de los compromisos asumidos en 2015, el Gobierno actual, al igual que su antecesor, no ha logrado llevar a cabo procesos genuinos de búsqueda de la verdad o rendición de cuentas”, dice, y agrega que “el impacto en miles de sobrevivientes, de todas las comunidades, es devastador . ”

“Más aún: los sistemas, estructuras, políticas y oficinas públicas que han propiciado el surgimiento de estas graves violaciones en el pasado permanecen –y recientemente se han fortalecido–”, señala.

Los informes de la ONU durante las décadas de conflicto señalan al ejército de Sri Lanka como culpable de lanzar ataques contra hospitales y llevar a cabo ataques aéreos indiscriminados. También para ejecutar a líderes guerrilleros y la desaparición de miles de tamiles.

“La independencia del poder judicial, la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, la Comisión Nacional de Policía y otros órganos clave se han visto profundamente erosionadas tras la adopción de la 20ª enmienda constitucional aprobada recientemente”, afirma Bachelet en su informe. Esta enmienda, aprobada en octubre de 2020, revierte la introducida en 2015, en la 19ª, que otorgó mayores poderes al Legislativo. El actual, como critica la oposición en el debate parlamentario, lleva al país por la senda del autoritarismo, dándole al presidente poderes casi absolutos.

Promesa presidencial

Se trata de Gotabaya Rajapaksa, quien se impuso en las elecciones de 2019 con un discurso ultrapatriótico y prometiendo que no se juzgaría a los militares implicados en la guerra contra los LTTE. Rajapaksa fue el oficial de más alto rango durante la ofensiva que terminó en mayo de 2009. En ese momento, su hermano Mahinda era presidente y ahora es primer ministro.

El informe de la Alta Comisionada critica la “creciente militarización de funciones civiles clave”, además de seguir reteniendo en el cargo a oficiales de la Policía y el Ejército “involucrados en presuntos delitos y violaciones graves”. Al respecto, advirtió que existen “señales claras que advierten que se podrían repetir patrones pasados ​​de violaciones”.

La declaración de Bachelet está en línea con el informe presentado por la oficina de derechos humanos de la ONU el mes pasado, que destaca los reveses durante el gobierno de Rajapaksa. Señaló que había aumentado la vigilancia de disidentes y activistas de derechos humanos y que había surgido un clima de autocensura en todo el país. El informe fue calificado por el Gobierno como una “maniobra política” y como parte de una “campaña de propaganda sin precedentes” contra Sri Lanka.

Sri Lanka autorizará el entierro de los asesinados por Covid-19 tras las quejas de los musulmanes

En Sri Lanka la población budista representa el 70,2%, mientras que los cristianos son el 7,4%, los hindúes el 12,6% y los musulmanes el 9,7%. Los enfrentamientos entre la mayoría budista y esta última comunidad han sido recurrentes en la última década, con numerosos incidentes violentos contra musulmanes, lo que ha llevado a la creación de “comités de reconciliación”. En 2018 el Gobierno llegó a declarar el estado de emergencia.

Una de las últimas polémicas se produjo por el decreto de marzo de 2020 que impidió el entierro de los cuerpos de los asesinados por Covid y forzó su incineración, una medida criticada por musulmanes y organizaciones de derechos humanos. Bachelet también censura en su informe esta “política de cremaciones forzadas” por el dolor que causa. Hoy, finalmente, el Gobierno derogó la orden.

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