“Graves violaciones” de derechos humanos en la protesta de Chile

“Graves violaciones” de derechos humanos en la protesta de Chile

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, considera que “a partir del 18 de octubre [de 2019] Hubo un elevado número de graves violaciones a los derechos humanos “durante el estallido social de ese año en Chile. Fue parte de su declaración a cuestiones de la Fiscalía a cargo del caso, hecha pública en las últimas horas en los medios locales”.

El 2 de octubre de 2020, Claudia Perivancich, quien investiga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en la represión de protestas en el país andino, entregó en Ginebra (Suiza) nueve preguntas al alto comisionado. Dos meses después, concretamente el 10 de diciembre, fueron respondidas y ahora salen a la luz. En siete páginas, Bachelet explica el papel de la oficina que dirige, cómo fue la visita a Chile y cómo se relacionó con las autoridades chilenas. Afirma que hubo “razones fundadas” para afirmar que hubo tales violaciones, “incluido el uso excesivo o innecesario de la fuerza”.

El 18 de octubre de 2019 marcó el inicio de las mayores movilizaciones sociales en la historia reciente de Chile. Comenzaron como una protesta contra el aumento del precio del transporte público, pero dieron lugar a quejas más amplias contra la desigualdad social y a favor de una nueva Constitución.

Se ha cuestionado el papel de las fuerzas de seguridad, especialmente de Carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registró más de 2.500 denuncias y cerca de 3.000 víctimas de abusos entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

Perivancich, fiscal regional de Valparaíso, investiga en este contexto una veintena de juicios contra diversas autoridades, entre ellos el presidente del país, Sebastián Piñera; los exministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel; o el exdirector de Carabineros Mario Rozas.

En su carta, Bachelet explica los motivos que llevaron a la oficina que dirige a visitar el país: “Desigualdad socioeconómica y obstáculos al goce de los derechos económicos y sociales, discriminación contra las mujeres, pueblos indígenas y personas LGTBI, los casos de corrupción de funcionarios públicos y condenas leves o impunidad para casos de corrupción, así como medidas específicas de autoridades a partir del 4 de octubre de 2019, en el marco del contexto de crisis que derivó en las protestas del 18 de octubre de 2019 ”.

Una vez allí pudo constatar que “elevado número de graves violaciones a los derechos humanos”, que se materializaron “en privaciones arbitrarias de la vida y heridas”, “en torturas y malos tratos”, “en violencia sexual” y “en arbitrariedades detención. “. “Estas violaciones se han cometido en todo el país, pero la gran mayoría han ocurrido en el área metropolitana y en contextos urbanos”, dijo Michelle Bachelet.

La expresidenta chilena también expresó la imposibilidad de mantener reuniones durante su visita “con las máximas autoridades del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, por motivos ajenos a la oficina de la ONU”. Sin embargo, sí participó en la reunión del Comité Interministerial de Derechos Humanos celebrada el 30 de enero de 2020. Allí expresó su “preocupación por los casos de uso excesivo de la fuerza (incluso contra manifestaciones pacíficas, observadores de derechos humanos y brigadistas de salud)”. .

Respecto a este último grupo, Bachelet señaló directamente al Ministerio de Salud, indicando que luego de una reunión el 6 de febrero de 2020 con sus líderes había solicitado las medidas necesarias para asegurar su protección, “en respuesta a información que indica que han sido atacados reiteradamente por miembros de Aduanas de Chile “. Sin embargo, dijo que “la solicitud no fue aceptada, lo que indica que los brigadistas voluntarios no gozan de estatus oficial / profesional y no están autorizados a ofrecer primeros auxilios”.

“País democrático”

El vocero del gobierno chileno, Jaime Bellolio, respondió ayer a la carta de Bachelet, afirmando que en un país democrático “quienes determinan” la existencia de violaciones de derechos humanos no son “ex presidentes”, sino los tribunales. “En nuestro país hay un orden democrático”, dijo, destacando que, por tanto, “esto está en manos de los fiscales y los tribunales, y todas aquellas áreas que tienen que ver con los derechos humanos para este Gobierno son fundamentales”.

“Hay un compromiso muy claro: las violaciones de derechos humanos nunca, jamás podrán ser justificadas”, insistió Bellolio, quien destacó que “este compromiso significa que debemos trabajar siempre juntos para que se haga justicia y que la justicia, en un país democrático, sea lo hacen los tribunales y no otras personas “.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *