Exigen a Biden cerrar Guantánamo en el 20 aniversario de la apertura del penal

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La prisión militar en la bahía de Guantánamo, en la isla de Cuba, inició operaciones el 11 de enero de 2002, cuando tropas estadounidenses internaron a los primeros prisioneros. Ahora, dos décadas después, esta prisión sigue siendo el centro de la polémica.

Segundo informa Amnistía Internacional, 39 personas siguen detenidas en este edificio, todos ellos de religión musulmana, algo que para el colectivo supone una «flagrante perpetuación de la islamofobia y el racismo», ya que «ninguno de los hombres allí detenidos ha recibido un juicio justo». Hay 27 presos que han sido condenados sin que se presenten cargos contra ellos.

“Siguen encarcelados indefinidamente en lo que constituye una violación del debido proceso y otras normas de derechos humanos reconocidas internacionalmente”, agregó.

daphne eviatar, directora del programa de seguridad de derechos humanos de Amnistía Internacional en EE.UU., cree que este aniversario «no debería haberse cumplido». Desde la administración de George W. Bush, recuerda, “ha habido un acuerdo entre expertos en seguridad nacional y de todo el espectro político respecto al cierre de la prisión”.

“El presidente Biden debe cumplir con su compromiso de cerrar Guantánamo de una vez por todas. Cuanto más tiempo permanezca en el cargo, más seguirá socavando la credibilidad global de Estados Unidos en materia de derechos humanos”, dijo.

La ONG Human Rights Watch (HRW) también denunció el domingo «costos humanos, morales y económicos» de la prisión estadounidense. “Guantánamo continúa siendo uno de los símbolos más perdurables de injusticia, abuso y desprecio por el estado de derecho que Estados Unidos ha desplegado en respuesta a los ataques del 11 de septiembre”, dijo. letta tayler, subdirectora de la organización para crisis y conflictos, y coautora de un informe que estudia los costos asociados a la polémica prisión.

La liberación de los presos, dice el director del proyecto de seguridad nacional de la Unión Americana por las Libertades Civiles, hina shamsi, sería una decisión fácil para el Ejecutivo estadounidense: «Con órdenes judiciales de transferencia no sería necesario tener notificaciones del Congreso», defendió, en declaraciones al periódico El guardián.

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