El Tribunal de Cuentas tuerce la ley para perjudicar a las fuerzas soberanistas

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A presidenta do Tribunal de Contas do Estado, María José de la Fuente, mintió en la Comisión Mixta entre Congreso y Senado para justificar la denegación de ayudas electorales por correo postal a BNG, Junts, Compromís y Coalición Canaria-Nueva Canarias, mientras que con los mismos criterios se aceptaron para Navarra Suma, una coalición de derechos integrada por la Unión del Pueblo Navarro, Ciudadanos y Partido Popular.

La jurisprudencia actual está marcada por un acuerdo de la Junta Central Electoral de 21 de diciembre de 2017 en respuesta a la solicitud de formaciones que constituían un grupo parlamentario junto con otras formaciones, “sobre el derecho a recibir el subsidio para presentaciones electorales del artículo 175.3”, señala el documento, en el que ratifica que las formaciones que constituyeron grupo parlamentario tiene derecho a percibirlo ”.

Este acuerdo se basó en una sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2017 que anuló los intentos de la Mesa del Senado en 2016, cuando estaba controlada por el Partido Popular, de impedir la constitución en el Senado del Grupo Parlamentario Catalán.

El yo declara que “Se ha vulnerado su derecho a desempeñar funciones representativas” y obligados a permitir la constitución del grupo, que precisó los perjuicios de la pérdida de los subsidios a los que tenían derecho.

Pese a ello, en su intervención en la Comisión Mixta y respondiendo preguntas del diputado del BNG Néstor Rego, De la Fuente reiteró que estas resoluciones de la Junta Central Electoral y del Tribunal Constitucional se referían a “la posibilidad de formar un grupo parlamentario en el Congreso y el Senado”. , no a la percepción del subsidio electoral ”, remarcando que“ son dos cuestiones totalmente distintas ”.

La Corte aplica la ley en sus propios términos

Na comparecencia, De la Fuente, que forma parte do Tribunal de Contas desde 2012 e se eligió la propuesta del Partido Popular, llegó a señalar que “el Tribunal de Cuentas ha aplicado la ley en sus propios términos”, cuando su cometido es únicamente aplicar la legislación de otros órganos estatales.

Este reglamento, de carácter electoral, debe ser interpretado por la Junta Central Electoral, por lo que el Tribunal de Cuentas no tiene capacidad para hacerlo y decidir arbitrariamente quién otorga o no los subsidios electorales.

El artículo 175.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, pilar de la norma entonces interpretado por el Tribunal Constitucional y la Junta Central Electoral, establece que se abonarán 0,18 euros por voto si el candidato contaba con el número de votos necesario “para formar una Grupo parlamentario ”, pero no especifica las condiciones en las que esa candidatura puede formar el grupo o que ha de ser una agrupación de una sola formación política, para que las resoluciones del Tribunal Constitucional y de la Junta Central Electoral desarrollen la única interpretación posible mientras esos órganos no cambien de opinión.

Favores a grupos relacionados

Los criterios utilizados para excluir formaciones soberanistas, como el BNG, Compromís, Junts y Coalición Canaria-Nueva Canarias, en cambio, no se aplicó a formaciones menos críticas con el desarrollo del estado, como Navarra Suma, coalición regional formada por Ciudadanos, Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro, que se presenta a las elecciones con el PP desde 1982.

Navarra Suma no formó ningún grupo parlamentario tras las elecciones de noviembre de 2019, limitándose a integrar el grupo Mixto, que se incorpora a la formación sin grupo parlamentario específico. Esto no fue impedimento para que el Tribunal de Cuentas le facilitara más de 85.000 euros para envíos postales durante la campaña electoral.

También en el grupo Mixto, el Foro de formación asturiana, que se presentó con el Partido Popular en ese territorio, se acerca a los 150.000 euros en subvenciones en este concepto; en el momento en que el El Partido Regionalista Cántabro recibirá casi 42.000 euros.

Para Rego, esta “acción parece motivada por una posición política incompatible con el rigor e imparcialidad que debe tener el Tribunal de Cuentas”. Además, lo acusó de exagerar en sus deberes al denegar la subvención de manera “arbitraria”, y se comprometió a seguir reclamando por todos los medios lo que es justo.

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