El presidente chileno, Sebastián Piñera, denunciado en la Corte Penal Internacional por sus presuntos delitos

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El ex magistrado español Baltasar Garzón, junto con la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per a Democrazia (CRED), han presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional. (TPI) para iniciar una investigación contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera. La demanda apunta al mandatario por su presunta participación en la comisión de crímenes de lesa humanidad, ocurridos desde el estallido social en el país en octubre de 2019.

La acusación también incluye a los directores generales de Carabineros – la fuerza policial chilena – y su alto mando; los Ministros del Interior y Seguridad Pública, los Ministros de Defensa Nacional y los respectivos Subsecretarios, quienes ocuparon estos cargos desde octubre de 2019 hasta abril de 2021.

En un comunicado emitido el jueves, la CHDH dijo: “Hemos decidido apelar a la CPI porque las víctimas, sus familias, la sociedad chilena en su conjunto y toda la humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables “.

Y continúa, apelando al Estatuto de Roma, que “homicidios, torturas, torturas sexuales, traumatismos oculares, mutilaciones y pérdida de visión, lesiones graves, detenciones arbitrarias, cometidos por agentes estatales contra miles de residentes de nuestro país, en el contexto de la implementación de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, muchas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad, no puede quedar impune ”.

Hemos tomado especial nota del grave incumplimiento por parte del Gobierno de las recomendaciones formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) en diciembre de 2019, señalando que las políticas represivas ordenadas y consentidas por el Presidente de la República de las Naciones Unidas, e implementado por los directores generales de Carabineros de Chile y su alto mando, los ministros de Interior y Seguridad Pública, los ministros de Defensa y los respectivos subsecretarios, continúan perjudicando sistemáticamente y gravemente a la población civil, habitantes de los sectores más vulnerables. , y los habitantes del histórico territorio Wallmapu (territorio habitado por el pueblo mapuche), demostrándose que los ataques a la población civil por parte de agentes estatales, desde octubre de 2019 hasta abril de 2021, persistieron a través de patrones de conducta ajenos a los estándares internacionales sobre el uso. de la fuerza y ​​el respeto a los derechos humanos “, prosigue la carta.

Otras quejas

La comisión también anunció en el comunicado que “tuvimos especial atención a la respuesta asimétrica de los Tribunales de Justicia chilenos, que se expresaron en imponer y mantener medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes agentes estatales y altos funcionarios y Autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las masivas, graves y sistemáticas violaciones cometidas desde octubre de 2019 a la fecha ”.

“También consideramos la omisión hecha por el Ministerio Público de su deber constitucional y legal de investigar, al ordenar el cierre de más del 55% de las investigaciones derivadas de denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales, previniendo con ello a las víctimas ‘ acceso al derecho a la justicia “.

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