El Poder Judicial analiza mañana el informe que sostiene que se puede hacer …

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Tras el alboroto generado por la trascendencia que el informe del organismo sobre el Anteproyecto de Ley de Memoria Histórica consideró que la norma violó la libertad de expresión al frenar la apología del franquismo respaldada legalmente, el Consejo General del Poder Judicial tendrá que tomar una decisión a partir de mañana, cuando analicen el documento.

En el informe, los miembros Roser Blanch y Wenceslao Olea afirman que la disculpa franquista de determinadas fundaciones está protegido por la ley siempre que no humille a las víctimas.

En un principio, ni Blanch ni Olea fueron designados para elaborar el informe, pero la falta de consenso entre las dos personas que habían sido previamente elegidas obligó al Gobierno de los jueces a optar por ellos para impulsar la redacción del texto.

Entre las objeciones de los redactores a la propuesta de la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, está el papel de la Fiscalía y que la apología del franquismo sirva como causa de extinción de fundaciones o asociaciones más este precepto en la ley.

También cuestiona la extinción de entidades que «no persigan fines de interés general ni realicen actividades contrarias».

Tutela asimétrica

Otra de las preocupaciones de Blanch y Olea es que el texto del Gobierno del Estado genera una tutela «asimétrica» ​​de las violaciones de derechos humanos en ese período histórico, es decir que las víctimas -mayoría- causadas por el bando franquista están mejor protegidas en la guerra civil española y en la dictadura que siguió.

El proyecto de ley que encabeza Calvo logró superar la opinión del Consejo Fiscal en abril gracias al voto de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.

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