El papel de la Corte Suprema tras el estado de alarma provocó un conflicto por derechos fundamentales

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El altel tribunal advirtió ayer de la posibilidad de que hubieran surgido problemas por tener en sus manos las decisiones finales sobre las medidas restrictivas impuestas por los distintos territorios del estado. Solo un día después salen a la luz los diferentes criterios, que distinguirán a la población de España.

El fin del estado de alarma, decretado por el Gobierno español hace seis meses, confía a las administraciones de cada zona las responsabilidades de control de la propagación de la pandemia. Sin embargo, el estado aprobó un decreto-ley que apunta a consultas con la Corte Suprema en caso de duda.

Pero si el Tribunal Supremo ya dudaba este jueves de su papel en este contexto, a medida que se acerca el día 9, este domingo, las dudas son mayores y existe un conflicto sobre la posibilidad de que se restrinjan los derechos fundamentales.

Sin ir más lejos, en el País Vasco el Tribunal Superior de Justicia advirtió hoy de que no se pueden mantener “los confinamientos autonómicos o municipales, el toque de queda nocturno o el límite de grupos de cuatro personas tras el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo”. al considerar que afecta derechos fundamentales garantizados en la Constitución ”.

El de la Comunidad Valenciana, así como los de Cataluña y Baleares, permitieron las limitaciones en la movilidad nocturna y los encuentros sociales. Y otras áreas han optado por abrir fronteras y tener más permisividad.

A casación ‘Rápido’ se ha marcado con la idea de homogeneizar la disparidad de criterios pero también el Supremo considera que hay insuficiencia de rango. Pero los primeros resultados de los tribunales territoriales están mostrando que habrá problemas con respecto a los derechos fundamentales.

Sin abordar estas cuestiones, el Gobierno de España sigue avanzando en su decisión y se esperan a partir de ahora más actuaciones judiciales de las estrategias de control.

Así lo dijo hace unos días el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feixoo, pero la oficina técnica del Tribunal Supremo así lo manifestó ayer, quejándose del inminente aumento de casos. Se trata de casos que tendrán un plazo de resolución inferior al habitual y que no supondrán un aumento de personal para realizar los trámites.

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