Sánchez movilizará 200.000 millones de euros para evitar la recesión por el Coronavirus

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En plena ola de despidos de trabajadores y de suspensión de la actividad de las empresas por el Coronavirus, el gobierno pone sobre la mesa un segundo plano para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia, que pueden ser mayúsculas si la situación actual de confinamiento alarga. Pedro Sánchez ha anunciado una gran inyección económica dedicada a las empresas para hacer frente al coronavirus. “Movilizar casi 200.000 millones de euros, un 20% de nuestro PIB”, fueron sus palabras en rueda de prensa tras el consejo de ministros.

De ellos, 117.000 millones serán públicos y el resto de recursos privados. Para Sánchez, se trata de la “mayor movilización de recursos económicos de la historia democrática de España”. Se trata de dinero que servirán para proporcionar “toda la liquidez que necesiten”

El ejecutivo también protegerá las empresas españolas de sectores estratégicos como el energético, con el objetivo de evitar que inversores extranjeros, de fuera de la Unión Europea, aprovechen la crisis del Coronavirus para controlar las grandes compañías españolas, que ven como las sus acciones pierden valor.

Lo que ha hecho el gobierno, es introducir cambios en la normativa de inversores extranjeros. “El gobierno español utilizará el derecho de veto e impedirá que empresas extranjeras puedan adquirir empresas españolas en sectores estratégicos aprovechando la caída del valor de sus acciones en el mercado”.

No habrá ayudas para los autónomos y las PYMES

Para los autónomos, Sánchez ha anunciado que se mejoren las condiciones de acceso a las prestaciones de desempleo para los que tengan pérdidas de ingresos importantes. La principal asociación de autónomos del Estado (ATA) considera insuficiente la medida. Su presidente, Lorenzo Amor, ha pedido que se suspenda el pago de la cuota de todos los autónomos.

Moratoria de las hipotecas y de las facturas de luz, agua y gas

El Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas centradas en las empresas y los trabajadores, pero también iniciativas sociales, como una moratoria en el pago de hipotecas para las familias más vulnerables “para que nadie pierda la vivienda”. También moratorias en el pago de las facturas de luz, agua y gas para las personas que vean disminuir los ingresos a consecuencia de la crisis sanitaria.

Entre las medidas aprobadas, destaca un decreto ley en materia laboral para flexibilizar y agilizar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), tal como pedían los sindicatos y los empresarios. Entre las causas justificadas para poder hacer un ERTE por “fuerza mayor” se añade el cierre de empresas o la suspensión de la actividad por el Coronavirus.

Además, los expedientes no necesitarán una negociación con los sindicatos, sino que será la autoridad laboral de cada comunidad autónoma la encargada de dar el visto bueno. Y deberá hacerlo en un plazo máximo de siete días.

El gobierno pide que no se despidan  a los trabajadores

En el caso de los ERTE, los empresarios no tendrán que pagar la parte de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores, la de las contingencias comunes, que habitualmente deben asumir para los empleados afectados por el expediente temporal. “Hago un llamamiento a los empresarios: no despidan a los trabajadores. Es una crisis temporal”, dijo el presidente.

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Según el decreto aprobado, los trabajadores que sean despedidos temporalmente de empresas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo por Coronavirus podrán cobrar el paro sin necesidad de haber cotizado un tiempo mínimo mientras estén sin trabajo, y las prestaciones que reciban no computarán como consumidas de cara a futuros periodos de paro.

Se tendrá derecho a reducir la jornada, pero no habrá prestación compensatoria

El real decreto también recoge medidas que faciliten la conciliación a los trabajadores que tienen hijos o personas dependientes a cargo por el cierre de centros escolares, centros de día, etc. Los empleados que se encuentren en esta situación podrán adaptar o reducir la jornada laboral y evitar la aplicación de sanciones. “Resulta imprescindible asegurar la posibilidad de que las personas trabajadoras ausenten del trabajo ante la necesidad de atender a personas a su cargo” por las restricciones impuestas por el estado de alarma, dice el decreto.

Así, el trabajador podrá pedir a la empresa un horario adaptado a sus necesidades o una reducción de jornada, que tendrá carácter “temporal” y “excepcional”, que se aplicará sólo mientras duren las restricciones por el Coronavirus. La reducción de jornada, además, no requerirá ningún preaviso, y puede llegar incluso al 100% de reducción sin que el trabajador pueda ser sancionado o despedido.

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