El Consejo de Europa cuestiona la justicia española

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El pleno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó ayer por 78 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones un informe que critica la actuación de la justicia española contra los dirigentes nacionalistas catalanes procesados ​​por su participación en el referéndum de octubre de 2017 y si exige el apertura de un proceso de diálogo para resolver el conflicto entre Cataluña y España.

La Asamblea Parlamentaria es un órgano estatutario del Consejo de Europa compuesto por los 47 ministros de relaciones exteriores de los estados miembros y una representación de sus cámaras legislativas. Fundada en 1940 y presidida por la socialista suiza Liliane Maury Pasquier, su función se limita a investigar, recomendar y asesorar, con un peso significativo en sus informes de derechos humanos. Tanto es así que el Parlamento Europeo y otras instituciones de la Unión Europea (UE) se refieren a menudo a las recomendaciones de la Asamblea en este ámbito.

El informe, elaborado por el diputado letón Boris Civelics y titulado ¿Hay que juzgar a los políticos por las manifestaciones realizadas en ejercicio de su mandato ?, se centra en la persecución de los líderes políticos en Turquía y España. Así, en relación a esto último, se revisan los hechos que han llevado al encarcelamiento de dirigentes nacionalistas catalanes tras el referéndum del 1 de octubre de 2017, la persecución de exiliados y procesos abiertos contra funcionarios públicos por su participación en estos hechos.

El texto pide «el fin de los procedimientos de extradición de políticos catalanes residentes en el extranjero investigados por los mismos motivos». En ese sentido, cuestiona que «las autoridades españolas estén intentando conseguir la extradición de políticos catalanes residentes en otros países europeos, a pesar de las diversas sentencias en su contra en Alemania, Bélgica y Gran Bretaña». También recomienda “retirar los juicios en curso también contra funcionarios de menor rango involucrados en el referéndum de 2017 y abstenerse de castigar a quienes han sucedido a líderes políticos encarcelados por actos simbólicos que simplemente expresan su solidaridad con
personas detenidas ”.

Toque el Tribunal de Cuentas

Las recomendaciones del Consejo de Europa se centran en las acciones del Tribunal de Cuentas contra los líderes nacionalistas catalanes. Así, en relación al órgano de control que preside Ramón Álvarez de Miranda, señala que debe “velar por que se aplique la disposición penal relativa a la malversación de fondos públicos para que la responsabilidad recaiga únicamente sobre pérdidas reales y cuantificadas al Estado presupuesto o sus activos que se puedan establecer ”.

El informe critica la tipificación jurídica de los delitos de sedición y rebelión y aboga por una nueva configuración. En este sentido, aboga por «reformar las disposiciones penales relativas a la rebelión y la sedición» con el fin de que «no puedan conducir a una interpretación que haga inoperante la despenalización de la organización de un referéndum aprobado en 2005 o dé lugar a sanciones desproporcionadas para violento ”. En la misma línea, considera que su redacción actual es una «respuesta a los frecuentes intentos de los militares por tomar el poder en el pasado» y cuestiona su aplicación a los organizadores del referéndum.

El documento apuesta por el diálogo para resolver la disputa abierta entre España y Cataluña. Así, afirma la necesidad de “entablar un diálogo abierto y constructivo con el conjunto de fuerzas políticas de Cataluña, incluidas las que se oponen a la independencia para fortalecer la calidad de la democracia española, uno de los estados más antiguos de Europa, por la autoridad de Estado de derecho, buen gobierno y total respeto a los derechos humanos, sin necesidad de recurrir a procesos penales, pero con pleno respeto al orden constitucional de España ”.

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