Aragón reducirá la luz a los municipios con aerogeneradores

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Los residentes de municipios aragoneses con parques eólicos o solares tendrán bonificaciones en la recepción de luz, de acuerdo con la nueva normativa de estas instalaciones proyectada por el Gobierno de esa comunidad. La propuesta fue anunciada el pasado miércoles en Teruel por el presidente, Javier Lambán, quien consideró necesario establecer medidas de compensación para los ciudadanos de aquellas localidades con instalaciones de generación eléctrica. Precisamente, en algunas de las comarcas con más proyectos en marcha en materia de renovables, hay una gran respuesta social a una actividad que consideran negativa para su desarrollo económico.

Lambán anunció que su Ejecutivo está trabajando actualmente en un cambio normativo para la instalación de plantas de energías renovables como respuesta a la «preocupación e inconveniente» que estas instalaciones plantean en muchas partes de Aragón.

En este sentido, señaló que el «Gobierno entiende estos inconvenientes» y por ello incorporará a la normativa un «nuevo rumbo» para que las nuevas plantas «se ajusten lo más posible» a la «sensibilidad de los territorios» afectados. El mandatario dijo que el objetivo del cambio regulatorio era ver las energías renovables como «una oportunidad y no una condena» y dijo que tenía «informes favorables de los servicios legales» de su ejecutivo y de las propias eléctricas.

El presidente socialista destacó que el «giro regulatorio» apunta a que las «energías renovables» beneficien «directamente a las industrias aragonesas» y se conviertan en un «factor de atracción» para la inversión.

El objetivo es que la producción eléctrica obtenida en Aragón no esté destinada al crecimiento de otros territorios, sino que «en la medida de lo posible» repercuta en la economía aragonesa. En la misma línea, consideró clave que «los habitantes del territorio dotado de parques eólicos o solares tengan beneficios en la factura de la luz».

La iniciativa adelantada por Lambán está en línea con la tarifa eléctrica gallega que demandan diversas fuerzas sociales y políticas del país. Fue rechazado en repetidas ocasiones por los gallegos populares y socialistas, así como por el Gobierno español, por considerarlo ilegal.

En el caso de la entrada en vigor de la propuesta anunciada por el Ejecutivo aragonés se abriría la puerta a su implementación en otras partes del Estado, siempre que los Ejecutivos de cada uno de los territorios tuvieran la voluntad política para implementarla.

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