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#PanamaPapers el prólogo de la corrupción global

2.6 terabytes de información contenida en correos electrónicos, documentos e imágenes, que abarcan prácticamente toda la historia del despacho panameño, desde su creación en 1977 hasta diciembre de 2015.

La revelación es la más grande de la que se haya tenido cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.

 

Prominentes empresarios, contratistas, políticos, narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y prestanombres mexicanos han creado complejas estructuras en paraísos fiscales para esconder millones de dólares fuera del alcance del fisco y otras autoridades de México.

De la mano de prestigiados despachos y discretas firmas de servicios financieros nacionales hicieron tratos en Panamá con el Grupo Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de compañías offshore

Abogados y especialistas en finanzas mexicanos y extranjeros les han ayudado a crear compañías de papel, fideicomisos, sociedades, fundaciones y otras entidades en un laberinto de estructuras internacionales en las que se perdía la pista del dinero y la identidad de los dueños. Hasta ahora.

Una filtración de los archivos internos de Mossack Fonseca puso al descubierto quiénes y cómo han refugiado sus riquezas en paraísos fiscales. La revelación es la más grande de la que se haya tenido cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.

La información fue obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con Proceso y más de cien medios asociados en el mundo.

Proceso fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que duró casi un año. Se realizó bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376 reporteros alrededor del mundo, en el proyecto de colaboración periodística más grande del que se haya tenido registro.

En septiembre pasado, Proceso participó en la reunión internacional en la que se definieron pautas de trabajo. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Süddeutsche Zeitung, en Münich.

Entre los mexicanos que sacan dinero del país, los empresarios son los más activos en la firma panameña. En especial uno, el favorecido contratista del presidente Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú. La estrecha relación del contratista con Peña Nieto fue revelada en noviembre pasado por Aristegui Noticias, el otro medio mexicano convocado por el ICIJ a la investigación.

El dueño del Grupo Higa aparece hasta ahora como uno de los clientes más importantes de México para la firma, de acuerdo con los archivos.

Esa cifra, que Hinojosa Cantú manifestó como “parte de sus ahorros”, era una muestra de la riqueza que ofreció gestionar a través del despacho panameño que en casi 40 años de existencia está considerado entre los cinco más grandes vendedores en el mundo del secreto de los paraísos fiscales.

Proceso buscó al departamento de Comunicación del Grupo Higa para esta investigación para saber sobre sus ingresos y lo que ha reportado al fisco, sin obtener respuesta. La presidencia de la República también se negó a comentar sobre el tema. Aseguró que se trataba de “un asunto un poco añejo” y remitió a la investigación de la Secretaría de la Función Pública que negó la existencia de conflicto de interés, en agosto pasado, justo cuando Hinojosa ya tenía un esquema financiero para mover su dinero.

El dueño del Grupo Higa destaca junto con otro empresario que la propia firma panameña describe como “una de las personas más poderosas de México gracias a sus empresas”: Ramiro García Cantú, quien ha hecho su fortuna como contratista por más de 30 años al amparo de Pemex.

Otros de los relacionados con Pemex que figuran en el entramado internacional de ocultamiento de dinero son los socios de Oceanografía, empresa que fue favorecida en el gobierno de Felipe Calderón con millonarios contratos con la empresa petrolera paraestatal.

Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio le compraron a Mossak Fonseca tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas, territorio al este de Puerto Rico, en el Caribe; aunque Amado Yañez aseguró a Proceso que desconoce la existencia de una de ellas, Ceresia, en cuya creación aparece su firma.

La suerte de los socios de Oceanografía cambió con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos. Amado Yáñez ahora está en prisión acusado de delitos financieros, mientras que a Martín Díaz y a los hermanos Rodríguez Borgio se les abrió a fines de 2014 un expediente por lavado de dinero en Suiza, según la información obtenida a través de Süddeutsche Zeitung y del ICIJ. En México, ese mismo año se libró una orden de aprehensión al sobrino de Gil Díaz por uso de recursos de procedencia ilícita según los registros judiciales verificados por Proceso en la Procuraduría General de la República (PGR).

Su verdugo, Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del gobierno de Peña Nieto, buscó también establecer relación con Mossack Fonseca. Antes de integrarse al equipo de Peña, Lozoya fue miembro del Consejo de Administración del Grupo español OHL, en México, otra firma de infraestructura cercana al presidente de la República. En marzo de 2011, Lozoya Austin pretendió crear una sociedad con la firma panameña a través de Dubai.

La información disponible no refiere si se concretó la operación, pero una copia del pasaporte del exdirector general de Pemex está en los archivos de Mossack Fonseca como prueba del acercamiento, ocurrido poco antes de que se integrara como consejero de Infoglobal, una compañía de sistemas de telecomunicaciones en la que participaba el yerno de Juan Miguel Villarmir, dueño de OHL (Proceso 2056).

El Süddeustche Zeitung recibió la información interna de Mossack Fonseca de manera anónima y la compartió con el ICIJ, la red internacional de periodistas con sede en Washington que organizó la colaboración global.

El historial del ocultamiento del dinero a través de la firma panameña es largo, como lo indican los 2.6 terabytes de información contenida en correos electrónicos, documentos e imágenes, que abarcan prácticamente toda la historia del despacho panameño, desde su creación en 1977 hasta diciembre de 2015.

En la revisión de los documentos participaron reporteros de 76 países y 109 organizaciones periodísticas. Mossack Fonseca se encuentra entre los rascacielos corporativos de la zona bancaria de la ciudad de Panamá. Pero el despacho apenas ocupa una parte de un edificio de tamaño modesto de vidrios polarizados, que comparte con la clínica odontológica Arango Orillac, en la pequeña calle 54 del barrio Obarrio, a una cuadra y media de la torre de BBVA Bancomer conocida como “el tornillo”, como constató Proceso en una visita al lugar en marzo pasado.

A diferencia de otros despachos y firmas de abogados panameños, los cuales suelen anunciarse de manera ostentosa en la avenida 50 –una de las vías más importantes de la ciudad–, Mossack Fonseca adoptó un perfil muy discreto, de tal forma que nadie creería, al pasar frente al edificio, que ahí se abrieron 214 mil 488 entidades offshore a través de las cuales circulan millones de dólares cada día.

En respuesta a cuestionamientos durante la investigación periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus servicios son legales. Sin embargo, la práctica de la firma ha permitido esconder dinero cuyo origen se desconoce, incluidos lavadores de dinero del narcotráfico y vendedores de armas

La mayoría de los líderes mundiales que han escondido dinero en los paraísos fiscales son árabes. Entre ellos, el rey de Arabia Saudita, H.R.H Prince Salma; el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan, y el exprimer ministro de Iraq, Ayad H. Allawi.

Además del Primer Ministro de Islandia, Sigmund David Gunnlaugsson y el presidente de Ucrania, el empresario Petro Poroshenko, figuran empresarios cercanos al presidente ruso, Vladimir Putin. La investigación de este caso en particular realizada por el ICIJ, medios europeos y rusos arrojó que los cercanos a Putin ocultaron dos mil millones de dólares por medio de Mossack Fonseca. También está la familia del poderoso presidente de China Xi Jinping.

En total, fueron identificados 12 líderes, 128 políticos y altos funcionarios públicos de todo el mundo, así como 58 familiares y socios de presidentes, primeros ministros o reyes.

En el caso de México, uno de los políticos mencionados como beneficiario de una de las empresas offshore es el exdiputado local de Chiapas y expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tuxtla Gutiérrez, Noé Fernando Castañón Ramírez, hijo del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exsecretario general de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León.

La ausencia de nombres de políticos mexicanos no significa que no sean beneficiarios de sociedades a través de familiares o prestanombres. El extitular de la Procuraduría Fiscal de la Federación Gabriel Reyes Orona asegura que los políticos mexicanos tienen mucha experiencia en esconder su dinero en paraísos fiscales ante la falta de control gubernamental.

Dice que con las triangulaciones y las complejas estructuras financieras lo que se busca es perder la identidad de los dueños del dinero a través de números y en las que las partes involucradas no se conocen unas a otras. Subraya que en esas operaciones en las que la información está en compartimientos, ya no hay movimiento de dinero, sino generación de derechos. Ahora todo se hace en la nube, pero en este caso se trata de una “black cloud”, ironiza.

Tampoco extrañó que Mossack Fonseca no tenga oficinas en México, como en otros países de América Latina. No las necesita. Cuenta con numerosos despachos de abogados que operan como intermediarios entre los beneficiarios finales de las empresas offshore y la firma panameña.

A partir ahí, se empieza a construir un laberinto de compañías, sociedades, directorios, asamblea de accionistas o fundaciones que operan en diferentes jurisdicciones internacionales en las que es difícil dar con el principal beneficiario de la operación de ocultamiento.

De acuerdo con la información obtenida, en el caso de México se contabilizaron inicialmente 65 compañías, 47 beneficiarios finales o dueños, 29 clientes y 208 accionistas de empresas vinculadas con mexicanos o extranjeros radicados en México. A nivel global, el despacho panameño tenía hasta fines del año pasado 214 mil 448 entidades registradas en su historia y 14 mil 153 intermediarios.

Pocos son los casos en que una sola persona es beneficiario final, cliente y accionista. En relación con México es el caso de Manlio Arellanos Gutiérrez, un asesor financiero veracruzano radicado en Aguascalientes y que en 1996 fue acusado de incumplimiento de pago de ahorradores que participaban en Unión de Crédito Impulsora del Desarrollo Empresarial SA de CV (UCIDE). Arellanos dijo a Proceso que sus empresas con Mossack Fonseca ya estaban disueltas y se negó a dar más información.

Sobrino de Octavio Arellanos Zenil, quien en 1997 fue representante del PAN ante el entonces IFE, hoy Instituto Nacional Electoral (INE), en el Consejo Distrital 3 de Tabasco, Arellano Gutiérrez aparece en compañías abiertas por Mossack Fonseca en la República de Seychelles, y las Islas Vírgenes Británicas. Su nombre también aparece en los registros públicos de compañías abiertas en Nueva Zelanda, otro paraíso fiscal, aunque no queda claro si estas últimas se tramitaron también por medio del despacho panameño.

Fuente: Proceso

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